“No podemos tener riqueza en el subsuelo y pobreza en la superficie” dijo el primer ministro César Villanueva en su primera entrevista con RPP. El mito del mendigo sentado en la banca de oro está vigente y este gobierno no tiene que ser la excepción. Relatos similares sobre cómo los peruanos hemos “elegido el subdesarrollo” teniendo abundancia natural ha sido el perro del hortelano, un perro que no “come” ni deja “comer”, refiriéndose a la explotación de recursos naturales. Pero estos relatos plantean una falacia. Ni el mendigo puedo usar todo el oro de la banca, ni el perro puede comerse todo del plato. No es posible que sobrevivamos a la explotación indiscriminada de nuestra riqueza natural sin destruir el único espacio en el que podemos vivir, funcionar y reproducirnos.    

La misión del Ministerio del Ambiente (Minam) no es “trabar el desarrollo”, como varios señalan. Este portafolio se creó para ser un contrapeso adecuado a la explotación indiscriminada de nuestros recursos naturales y asegurar calidad ambiental y una vida sana para todos los peruanos. Es por ello, que no es lo mismo un ministerio de los Recursos Naturales, como algunos proponen, uniendo algunos ministerios productivos, que un Ministerio del Ambiente. El reto de este último es garantizar la adopción de buenas prácticas públicas y privadas en la explotación de nuestros recursos, avanzando las condiciones para un desarrollo sostenible. Sin esta gestión ambiental eficaz e informada, el crecimiento económico y la inversión por más grande que ésta sea, no va mejorar la calidad de vida de los peruanos, ni garantizar que vivamos en ecosistemas saludables.

Lo que recibe este gobierno, sin embargo, es un Minam debilitado. En los últimos años se dio marcha atrás en varias políticas de gestión ambiental justamente acusando al ministerio de “trabar el desarrollo”. Ejemplo de ello fueron los cambios en los estándares de calidad ambiental (ECA), la flexibilización en los procesos de certificación ambiental para la exploración minera y la paralización de la creación de nuevas áreas naturales protegidas. La naturaleza de la que nos orgullecemos los peruanos es rica y diversa pero extremadamente frágil amenazada por la deforestación, la informalidad, la débil aplicación de la ley y finalmente por una creencia generalizada de que nuestro desarrollo depende de la explotación primaria de recursos naturales sin importar los costos. El nuevo gobierno tiene una gran desafío, el de educar sobre la importancia de su cartera y el demostrar que está al servicio del futuro de todos los peruanos.

El gobierno requiere revertir el proceso de debilitamiento de las instituciones ambientales, en especial de fiscalización ambiental, es decir al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Con instituciones sin dientes es imposible construir una cultura institucional de protección al medio ambiente. Los desafíos de la fiscalización ambiental son serios, van desde darle un fin a la tragedia que son los derrames de petróleo en la Amazonía, resolver los pasivos ambientales mineros, hasta emprender una efectiva supervisión del manejo ambiental de las municipalidades para evitar situaciones lamentables como la destrucción de los árboles en plena avenida Pedro de Osma, en Barranco. Remplazar más carbono por árboles es de suicidas.

Adicionalmente, el nuevo gobierno tiene pendiente la promulgación de Ley de Cambio Climático. El Perú, según varias instituciones expertas, es el tercer país más vulnerable a este problema después de Bangladesh y Honduras. Según cifras oficiales, el 67 % de los desastres en el Perú están relacionados con el cambio climático, 2.6 millones de personas están expuestas a sequías y 5.5 millones están en riesgo por precipitaciones intensas. La aprobación de la ley es necesaria aunque no es suficiente. Es necesaria una mejor precisión respecto a la rectoría del Minam en el tema de cambio climático, así como incluir la participación de la sociedad civil. Los instrumentos de gestión ambiental requieren incluir riesgos climáticos y estos deben ser de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio.

Trabajar con el sector privado es otro desafío. Los compromisos para detener la deforestación son múltiples y en los últimos años han crecido los compromisos públicos y privados con esta meta. Sin embargo, estos compromisos se han convertido también en un tema de relaciones públicas para las grandes corporaciones, y no todo lo que luce verde contribuye efectivamente con la sostenibilidad. Es importante un mayor liderazgo de la autoridad ambiental para que estas intenciones no sean solo marketing corporativo. Es necesario una mayor precisión de los estándares de desempeño ambiental de estos compromisos, asegurar el respaldo público de estas iniciativas privadas mediante la aprobación de leyes de colaboración y fundamentalmente producir y compartir información con el sector privado. Esto implica mejorar las mismas instancias públicas de recolección de datos. En el caso de la madera, por ejemplo, el sector tiene que evaluar y trabajar conjuntamente con otras instancias, como el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), los requisitos oficiales de información de la madera para que el rastreo sea viable y se pueda verificar la legalidad de su origen con mayor facilidad.

El Minam no puede dejar de tener en cuenta que no hay biodiversidad biológica sin diversidad cultural. El bosque nativo de la Amazonía que buscamos hoy proteger no es producto de la ausencia de actividad humana, sino de un tipo particular de presencia humana. La presencia de unas culturas que aprendieron a vivir en armonía con su ambiente para sobrevivir como pueblos. Por lo tanto, es sumamente importante la inclusión del tema indígena en el trabajo del Minam y la coordinación con el Viceministerio de Interculturalidad y las organizaciones de los pueblos indígenas. Es necesario fortalecer los procesos de consulta previa y de participación de los pueblos indígenas para evitar que estos procesos se vuelvan solo gestiones administrativas y se pueda tomar en cuenta la voz y condiciones particulares que tienen los pueblos indígenas usando enfoques de interculturalidad.

Finalmente, el liderazgo del Minam debe entender su labor educativa. Uno de los principales obstáculos del fortalecimiento de la institucionalidad ambiental en el Perú es el diagnóstico incorrecto de las elites empresariales y políticas de que la institucionalidad es una “traba al desarrollo”. Le toca a este ministerio educar y difundir que lo que detiene la mayor parte de proyectos de inversión y genera oposición a la inversión es justamente la ausencia de una institucionalidad ambiental fuerte, que resuelva los conflictos antes que estos se vuelvan ingobernables. Casos como Conga, Tía María y Bagua nos han mostrado que la mano dura nunca llega muy lejos y que los peruanos eventualmente optaremos por rechazar la prepotencia.

(Foto: Andina)